La industria de hidrocarburos en Ecuador opera en un entorno complejo, donde los marcos regulatorios, las decisiones políticas y los intereses estratégicos del Estado convergen con los compromisos operativos de las empresas. En este escenario, la seguridad jurídica no es un concepto decorativo, sino una condición estructural para que la inversión fluya, los contratos se respeten y la planificación técnica sea viable.

En distintos espacios de análisis y discusión, Silvana Pástor Vicepresidenta de Gente Oil Ecuador y actual Directora de la cámara de Energía (CEDE) y Presidenta de Women in Energy Ecuador (WIE), ha planteado con claridad que el sector petrolero necesita estabilidad legal y previsibilidad política para garantizar operaciones eficientes y sostenibles. La falta de estas condiciones no solo afecta a las empresas operadoras, sino también a las comunidades, al fisco y a la imagen internacional del país como destino de inversión.

“Un país con vacíos normativos, con incertidumbre contractual o con decisiones políticas cambiantes, se vuelve menos competitivo frente a otros mercados con reglas claras y sostenidas en el tiempo”, ha expresado en foros especializados.

El marco jurídico actual presenta lagunas, superposiciones y zonas grises que generan riesgos innecesarios. A esto se suman los constantes cambios en autoridades del ramo, la falta de continuidad en la política pública, y tensiones entre los discursos políticos y los compromisos establecidos. Esta dinámica erosiona la confianza de los inversionistas y limita la posibilidad de planificar a mediano y largo plazo.

Además, la relación entre el Estado y las operadoras sigue marcada, en muchos casos, por una lógica extractiva y fiscalista, donde el diálogo técnico es desplazado por decisiones coyunturales. Los contratos de participación, las condiciones tributarias y los mecanismos de consulta previa requieren revisión técnica y madurez política para garantizar que el desarrollo del sector no se convierta en una fuente constante de conflicto o improvisación.

En lugar de multiplicar normas o endurecer condiciones, el reto está en consolidar una institucionalidad técnica, confiable y transparente, donde todos los actores —Estado, empresas, comunidades y sociedad civil— sepan a qué atenerse.

El desarrollo del sector hidrocarburífero no puede depender exclusivamente del precio del crudo ni de los ciclos electorales. Necesita de reglas estables, actores responsables y una visión compartida de largo plazo que entienda que inversión y soberanía no son opuestos, sino complementarios.

Comunicación Corporativa – Gente Oil Ecuador